- Proporcionan las herramientas legales y el conocimiento necesario para prevenir y evitar incendios, así como sanciones por incumplimiento de la norma que van de los 17 mil a los y los 3.5 Millones de pesos.
ALFREDO GARCIA BECERRA
El Mante, Tamaulipas – Ante la creciente amenaza de incendios forestales, el gobierno de Tamaulipas, en colaboración con los municipios y la sociedad civil, intensifica sus esfuerzos para prevenir y mitigar estos desastres. La iniciativa se centra en la capacitación, la concientización y la aplicación estricta de la normativa vigente, buscando proteger el valioso patrimonio forestal del estado.
La directora de Fomento Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural Pesca y Acuacultura del estado, Celene Ramírez García, reconoció el compromiso del gobierno municipal de El Mante y su alcaldesa, Patty Chío, por su liderazgo al ser el primer municipio del estado en impulsar esta capacitación. Este apoyo local subraya la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para afrontar los desafíos ambientales.
La funcionaria estatal, como integrante del grupo técnico operativo de incendios, lideró una capacitación crucial sobre el “Protocolo de Atención a Incendios Forestales y la NOM-015”. El objetivo principal de esta jornada fue proporcionar a la ciudadanía en general, productores y sociedad civil las herramientas legales y el conocimiento necesario para prevenir y evitar incendios. La iniciativa busca empoderar a la comunidad, transformándola en un agente activo en la protección de los recursos naturales.
Durante el encuentro, que reunió a representantes de Desarrollo Rural, Protección Civil Municipal y Estatal, mandos de seguridad, productores cañeros y representantes del Grupo Pantaleón del Ingenio Mante, se expuso la magnitud del problema. En el último año, Tamaulipas sufrió la devastación de 19,427.62 hectáreas a causa de 23 incendios que afectaron a 12 municipios. Estas cifras alarmantes resaltan la urgencia de adoptar medidas preventivas y correctivas.
Ramírez García enfatizó la importancia de la Norma Oficial Mexicana vigente desde 2007, la cual establece especificaciones y sanciones para quienes incumplan las regulaciones. Subrayó que esta normativa, ratificada el 26 de agosto del año pasado, marca la veda para el uso del fuego del 1° de febrero al 31 de agosto de cada año. El incumplimiento de esta veda y otras disposiciones puede acarrear sanciones económicas significativas, que oscilan entre los 17,595.50 y los 3,519,300.00 pesos, de conformidad al artículo 157 fracción III, para aquellos que provoquen incendios fuera de la norma o se nieguen, sin causa justificada, a prevenirlos.
Un aspecto crucial abordado en la capacitación fue la problemática de las quemas cañeras. Conscientes de la necesidad de equilibrar la producción con la protección ambiental, se acordó una reunión con el Comité de Producción Cañera (integrado por las organizaciones CNPR y ULPCA, así como representantes del Ingenio), representantes del Municipio, Protección Civil y el secretario de Desarrollo Rural del estado. El objetivo es adecuar las prácticas de quema a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de la ley.
Para fortalecer la capacidad de respuesta ante los incendios, el gobierno estatal, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), gestiona subsidios económicos para la conformación de brigadas especializadas. Estas brigadas, integradas por diez personas, reciben capacitación integral para convertirse en combatientes efectivos, minimizando los riesgos en las operaciones. Además, se les equipa con vehículos y combustible para facilitar su desplazamiento y apoyar en el combate de incendios en los municipios y localidades vecinas.
La Secretaría de Desarrollo Rural del estado ha solicitado a CONAFOR el apoyo para la constitución de 5 brigadas adicionales: 2 para Miquihuana, una para Casas, una para Ocampo y una para Aldama. Se espera que estas brigadas estén operativas a partir del 16 de febrero, reforzando la capacidad de respuesta ante la temporada crítica de incendios.
A través de la capacitación, la concientización y la aplicación de la ley, se busca empoderar a la sociedad civil y a los productores para prevenir y combatir los incendios forestales. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la participación activa de la comunidad son fundamentales para proteger el patrimonio natural del estado y garantizar un futuro sostenible.
